Por: Jesús Díaz
La enfermedad que otorga
el “Poder” a quienes la padecen al ostentar un cargo público, ya sea por el voto popular
o ejerciendo sus servicios en la administración pública, los transforma, les
cambia el antifaz, se vuelven intolerantes, agresivos, escurridizos y piensan
que los ciudadanos les deben denotar sumisión, cuando son ellos los que deben
de demostrar humildad para servir a una población que vive sumida en la
desigualdad social.
El poder político que ejercen
los ciega, les atrofia la mente, que no les permite ver más allá de lo que sus
ojos pueden ver, pues conociendo la problemática que se vive en todo núcleo
social no hacen nada por darle solución a los múltiples problemas que las
familias les planean, cuando los van a ver en las dependencias públicas en sus
tres niveles y en el mismo Congreso del
Estado.
En el Congreso del Estado están peor, pues los legisladores esperan que
el gobernante estatal les solucione los problemas que los ciudadanos les van a
demandar, y están a la expectativa de que envíe una Iniciativa de Ley para
poder levantar la mano.
Creen que con solo levantar el
dedo ya quedaron bien con la sociedad, que espera de ellos nuevas reformas para
mejorar la vida económica y productiva de un estado que se va a pique por las
lagunas legales y mentales que se presentan en cada Iniciativa de Ley.
A lo largo de las
administraciones sexenales y municipales que han pasado en la entidad, los
abusos de Poder se vienen presentando, y los políticos se creen conocedores de
la problemática social, y con brincar del Congreso
del Estado a una administración municipal, se sienten intocables y dignos
de merecer mejores oportunidades de trabajo en otros cargos públicos, cuando
durante su gestión en el Poder Legislativo o en la administración municipal, no
pudieron solucionar los múltiples problemas que se presentaron en su núcleo
social de donde vienen.
Hoy vemos con desagrado que
muchos de ellos continúan en un cargo público cometiendo los mismos errores y
sintiéndose intocables, pero acumulando carretadas de dinero por negocios
hechos durante su función pública, no por el sueldo que percibían o continúan
devengando.
Entre estos servidores públicos
podemos mencionar entre otros a Valfre
Geovani Cen Cetz, ex alcalde de Felipe Carrillo Puerto, hoy titular del
Instituto Forestal de Quintana Roo, su mala administración en el Ayuntamiento
le permitió al PRD adjudicarse la
presidencia municipal al final del sexenio de Joaquín Hendricks Díaz. Juan
Parra López quien fue Tesorero del Ayuntamiento de José María Morelos, se
rumora que utilizó de esos recursos para llegar a la diputación. Hoy despacha
en el palacio municipal del otrora “Granero
del estado”, donde la gente se queja
por falta de apoyos para trabajar el campo agrícola y le exige mayores
servicios públicos y sociales.
Otros que podemos mencionar
destaca Eduardo Espinosa Abuxapqui
que hoy está dando patadas de ahogado, ya que la crisis económica por la que
atraviesa el municipio pompeyense, heredada de administraciones anteriores, no
le ha permitido consolidarse como uno de los mejores alcaldes de Othón P.
Blanco, pues es la segunda vez que llega al poder municipal, tan es así que sus
aspiraciones de llegar a la gubernatura del estado de Quintana Roo, ya son cosa
del pasado porque ya nadie cree en él.
Estos funcionarios tarde que
temprano seguirán cometiendo más abusos que los delatarán, ya que prefieren
servirse en bandeja de plata que servir a la población, pero como dijo José de San Martín, “La soberbia es
una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se
encuentran de golpe en una miserable cuota de poder”.
Los casos de enfermedad del poder
a quienes la padecen, no se reducen a líderes autoritarios, sino prácticamente
a cualquier líder político que en cuanto llega al poder comienza a tejer
estrategias para mejorar su futuro económico. Casos como estos lo seguiremos
viendo en esta y en las administraciones públicas siguientes.
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