Ciudad de México Un juez otorgó un amparo provisional a un menor de
edad en contra de las obras en el manglar “Tajamar”, Cancún, Quintana Roo.
El amparo fue promovido por la señora Samanta Yeraldin Jiménez Chávez, en
representación de su hijo menor Ethan.
“Se
concede la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente a la
orden y ejecución remoción de cualquier tipo de vegetación, así como relleno
con cualquier clase de material en la zona denominada Malecón Tajamar e ingreso de retroexcavadoras, camiones y
volquetes, y para el caso de estar concluida dicha ejecución se suspenda todo
inicio de diversas actividades vinculadas con obras civiles”, dice el documento.
El Juez Cuarto de Distrito de Cancún,
Quintana Roo, consideró que prevalece el derecho del menor a un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar, así como a la preservación y
protección del mismo.
Al darse a conocer la luz verde al amparo,
la organización Salvemos Manglar Tajamar
celebró en sus redes sociales el fallo:
“Un
CIUDADANO PEQUEÑO quiso ser y fue escuchado! Un CIUDADANO ADULTO en
representación del MENOR Ethan,
metió un amparo exigiendo su Derecho a un Ambiente Sano y le fue dada una
suspensión provisional que nos beneficiará a TODOS Y AL MANGLAR TAJAMAR”.
MÁS
DE 100 MIL PIDEN CASTIGAR AL GOBIERNO FEDERAL
Más de 106 mil firmas se han recopilado
para exigir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que le retire la sede de la Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención sobre la
Diversidad Biológica, que se celebrará en diciembre en Cancún.
“Dados
los hechos, ni el gobierno del estado de Quintana Roo que encabeza Roberto Borge Angulo, ni el gobierno de México son aptos para ser
anfitriones del evento más relevante a nivel internacional para la defensa de
la biodiversidad, y la sede debe ser otra. Los hechos lo demostraron: no tienen
ningún interés en la protección de los derechos humanos, incluyendo a contar
con un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ni en cumplir con los
compromisos internacionales en la materia”,
dice la petición subida en la plataforma Change.org.
El desarrollo “Malecón Tajamar” se
desarrolla en zonas de manglar de 58.76 hectáreas en el municipio de Benito
Juárez, en Quintana Roo, y consta de 30 proyectos, entre los que destacan torres
residenciales, un centro comercial, un proyecto médico, un templo católico y
edificios para oficinas.
La madrugada del 16 de enero de este año,
una brigada de policías y de maquinaria pesada ingresó al área para preparar la
construcción de un desarrollo inmobiliario.
La fauna del bosque pantanoso no fue
reubicada cuando se realizaron los trabajos, por lo que activistas denunciaron
que especies vivas quedaron sepultadas bajo el concreto. Aunque el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
aseguró que antes de llevar a cabo las obras, se propició la migración natural
de fauna silvestre y flora a sitios contiguos mediante acciones que permitieron
su protección.
Activistas afirmaron que la información
dada por el gobierno “es una
completa mentira”.
“El municipio mencionó en julio del año
pasado que en conjunto con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente habían
removido cerca de 2 mil plantas al Parque Ecológico Kabah y no es verdad,
nosotros fuimos a investigar donde supuestamente estaban las plantas y era pura
mentira”, dijo que Gerardo Solís, miembro de Cancún
Salvemos el Manglar y presidente honorario de la Defensoría Internacional de
Derechos Humanos AC en Quintana Roo.
El escándalo tras el ataque al recinto
natural ha involucrado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), el Fonatur, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), el Gobierno de
Cancún y varias organizaciones civiles nacionales e internacionales.
Además partidos políticos como Acción
Nacional (PAN) ha demandado ante la
Procuraduría General de la República (PGR)
a los responsables de los que llamaron “el
ecocidio”.
Sumado a ello, el ex Presidente Felipe Calderón ha cruzado acusaciones
con el Fonatur acerca de los permisos otorgados para la construcción del
desarrollo inmobiliario. (Fuente: SinEmbargo).
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