Cancún, Q. Roo.- El gobernador Roberto Borge Angulo se reunió el 14 de junio en la Casa de Gobierno, con ocho presidentes municipales, con quienes suscribió el “Acuerdo para la Gobernabilidad Democrática y Corresponsabilidad Gubernamental en Quintana Roo”, en el cual se comprometieron, entre otras cosas, a la planeación y ejecución de políticas públicas que tengan impacto y resultados positivos en la solución de problemas sociales.
El acuerdo fue suscrito por el jefe del Ejecutivo y los presidentes municipales de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña; Isla Mujeres, Hugo Sánchez Montalvo; Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez; Cozumel, Aurelio Joaquín González; Tulum, Edith Mendoza Pino; Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam; y Othón P. Blanco, Carlos Mario Villanueva Tenorio, así como el presidente del Concejo Municipal de Bacalar, Francisco Flota Medrano. Sólo faltaron los de Lázaro Cárdenas, Trinidad García Argüelles, y José María Morelos, Domingo Flota Castillo. Asimismo, se contó con la presencia del secretario de Gobierno, Luis González Flores.
El acuerdo parte del reconocimiento de la diversidad y pluralidad de ideas e intereses en la sociedad, que requiere necesariamente la articulación interinstitucional e intergubernamental y la participación de los diversos sectores de la sociedad, sin menoscabo de la autonomía y facultades respectivas para fortalecer la gobernabilidad y, sobre todo, favorecer la resolución efectiva de asuntos de interés público en beneficio de los quintanarroenses.
Se expone que, con la exclusiva finalidad de satisfacer las necesidades sociales, los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía y transparencia, con racionalidad y objetividad del gasto para incentivar haciendas públicas sanas destinadas invariablemente para fines comunitarios, de tal suerte que, posibiliten visualizar en forma permanente horizontes de bienestar y prosperidad.
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Además, se comprometen a impulsar la evolución de las instituciones públicas y de sus procesos. “La eficiencia y la eficacia de la función pública deberán manifestarse en la gestión accesible y sencilla para el gobernado” y deberán expresarse en la entera satisfacción de las necesidades y aspiraciones, legítimas y legales de la población.
El documento establece que el ejercicio de las competencias que se ejercen en la vida pública tendrá, como guía y límite, la observancia plena y absoluta de la ley, de modo que todo acto público quedará, invariablemente, sujeto al imperio de la normatividad que el pueblo, a través de sus legítimos representantes, genere.
“La cultura de legalidad será fomentada tanto en las esferas públicas como privadas y se constituirá en el instrumento idóneo que moldee la existencia pública, comunitaria y también la personal”, se indica.
Se precisa que el ejercicio de las encomiendas públicas debe estar sujeto al escrutinio social y, para que esto sea posible, es indispensable que se provea de los elementos necesarios para que se realice de forma responsable y seria; por tanto, se garantizará el acceso a la información, la visibilidad del servicio público y de sus resultados, como requisito para la evaluación objetiva del desempeño de quienes detenten un cargo público.
Por otro lado, se señala que la gobernabilidad democrática requiere canales de comunicación abiertos, diversos y constantes que favorezcan el flujo de información, el intercambio e interacción entre autoridades y los diversos sectores de la sociedad, a fin de conocer, recoger y dar respuestas a sus inquietudes y demandas. “Mantener y estrechar la cercanía con los diversos actores sociales favorecerá la toma de decisiones consensadas y orientadas a generar el bienestar de los quintanarroenses”, se subraya.
Se destaca, además, que el respeto irrestricto a los derechos humanos es fundamental para la vida en democracia. En ese sentido, la protección y promoción de los derechos humanos se asumirá como principio rector de la gestión pública, por lo
que se fortalecerá y garantizará una protección amplia a los derechos humanos de todas las personas, tanto en el orden personal como en el colectivo.
También se menciona el fomento de la equidad de género como condición necesaria para la gobernabilidad democrática, ya que genera entornos de igualdad, dignidad y equilibrio en el acceso a las oportunidades de las mujeres quintanarroenses. Su fomento será una política pública y requerirá de acciones conjuntas e integradas desde una perspectiva transversal, ya que ésta se encuentra estrechamente vinculada con el acceso a derechos políticos, sociales, económicos y culturales como la educación, la salud, el trabajo, una vida libre de violencia, la justicia, la seguridad, entre otros.
“Las aceleradas transformaciones sociales, económicas y políticas inciden en el modo y proceso de gobernar, así como en las formas de asociación colectiva”, se explica. En el Quintana Roo de hoy se reconoce que, tanto los actores públicos como los privados, son interdependientes y se requieren mutuamente para intercambiar opiniones que generen los consensos necesarios para la realización efectiva de los asuntos de interés público.
De hecho, se considera indispensable la participación social para la toma de decisiones legítimas desde una perspectiva de doble vía, en la que la sociedad es tomada en cuenta por sus representantes y, a su vez, éstos respalden las acciones gubernamentales destinadas al beneficio social.
El acuerdo parte de reconocer que gobernar es una cuestión compleja, que demanda mayor agudeza para percibir el contexto histórico, claridad en las convicciones, en los valores y en la capacidad para responder a los retos que se nos presentan como sociedad.
“El ejercicio de gobernar requiere suma de esfuerzos y la realización de compromisos entre los diferentes órdenes de gobierno y de las instituciones públicas, para que a través de éstas se articulen las demandas e intereses de la sociedad. Esta suma de voluntades no está acotada a tiempos ni circunstancias, ya que la responsabilidad es permanente mientras se esté en la función pública”, estableció el documento
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