Chetumal,
Q. Roo. - La XV Legislatura decretó reformas
constitucionales en materia de combate a la corrupción, tras recibir el aval de
los ayuntamientos Lázaro Cárdenas, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Othón P. Blanco
y José María Morelos, por lo que el Congreso del Estado, una vez que se publique
el decreto correspondiente en el Periódico Oficial, podrá continuar con la
siguiente etapa de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción que
consiste en aprobar la legislación secundaria.
En la sesión número 6 de la Diputación
Permanente, presidida por el diputado Ramón
Javier Padilla Balam, se realizó el cómputo de votos de los ayuntamientos
del estado, de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y
adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción.
En esta sesión se dieron entrada a dos
iniciativas presentadas por las diputadas Mayuli
Martínez Simón, Gabriela Angulo
Sauri, Eugenia Guadalupe Solís
Salazar y los diputados Fernando
Zelaya Espinoza, Eduardo Martínez
Arcila y Jesús Alberto Zetina Tejero, integrantes del grupo
parlamentario del PAN.
Se trata de las iniciativas de Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, y de Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Penal
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
La primera iniciativa pretende expedir una
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, en la cual
se incorporan aspectos preventivos contra la corrupción mediante el
establecimiento de principios y directrices que rigen la actuación de los
servidores públicos.
Se propone también incorporar al sector
privado que interactúa con el sector público y que participen en actos de
corrupción, al régimen de responsabilidades y podrán estar sujetos a sanciones
económicas, inhabilitaciones para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas, así como indemnización por daños y perjuicios a la
hacienda pública, quedando como instancia responsable de estas sanciones el
Tribunal de Justicia Administrativa.
También propone incorporar la figura de
denuncia anónima y establece que se debe mantener en carácter de confidencial
la identidad de personas que denuncien actos de corrupción.
La segunda iniciativa de los legisladores
del PAN, propone realizar
adecuaciones al Código Penal para que el ministerio público pueda sancionar los
actos de corrupción, para lo cual es necesario delimitar las reglas generales
para determinar la comisión de delitos de corrupción y la regularización de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, con el objetivo de mitigar la impunidad que
suele caracterizar a los delitos de corrupción.
El diputado Ramón Padilla Balam, presentó una iniciativa de reformas al Código
Penal, para sustituir las referencias al salario mínimo por la unidad de medida
y actualización. También pretende eliminar la figura de la reincidencia como
factor para elevar las penas.
Además, presentó una iniciativa de
reformas al Código Penal en materia de responsabilidad de las personas
jurídicas.
Finalmente, la Diputación Permanente dio
entrada a una iniciativa del gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, para abrogar la Ley de Protección a
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana
Roo que se encuentra vigente.
Argumenta que esta ley fue duramente
criticada por algunos sectores de la sociedad, principalmente por periodistas,
quienes fueron difamados y perseguidos desde el gobierno y que, además tiene
deficiencias de forma y contenido.
Es de mencionarse que esta ley fue
impugnada por la CNDH y la SCJN se pronunció respecto a la
inconstitucionalidad de diversos preceptos normativos que contenía.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo
estatal mencionó que el gobierno anterior no realizó ninguna acción para su
aplicación, no se elaboró su reglamento, entre otras irregularidades, lo que
generó la idea de que sólo tenía un propósito de simulación política en agravio
de las personas defensoras de los Derechos Humanos y periodistas.
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