La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 56 averiguaciones previas por el presunto desvío y desaparición de recursos federales en la administración de Javier Duarte en Veracruz, gracias a las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero, hasta ahora, ni una de ellas ha sido consignada ante un juez.
Autoridades federales confirmaron que las
averiguaciones se encuentran en integración y comprenden un posible fraude al
erario federal por 21 mil 76 millones de pesos, sin contar otros 35 mil millones,
que no han sido comprobados y que serán objeto de más denuncias que la ASF presentará en los próximos meses.
La primera denuncia en contra de la
administración de Javier Duarte ante
la PGR se presentó oficialmente el
11 de noviembre de 2014 y fue por haber
simulado que se reintegraron recursos federales detectados previamente como
faltantes.
La última denuncia se presentó el pasado
23 de diciembre y correspondió a un posible desvío de 800 millones de pesos
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en el ejercicio fiscal de
2014.
Todas estas averiguaciones están a cargo
de la Unidad Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos y
contra la Administración de Justicia de la PGR
sin que ninguna haya sido cerrada pero tampoco sin que alguna esté resuelta y
consignada ante un juez federal.
De acuerdo con la ASF, se realizan reuniones periódicas con los agentes del
Ministerio Público Federal adscritos a la esa Unidad Especializada para dar
seguimiento a las averiguaciones presentadas y los requerimientos de
información que se presenten.
Cabe señalar que se trata de denuncias de
hechos en las que la auditoría aporta la evidencia de los recursos que
desaparecieron o no fueron utilizados adecuadamente, pero donde es responsabilidad
de la PGR determinar quiénes son los
funcionarios responsables y consignarlos,
¿De
dónde viene el dinero denunciado?
De los 21 mil millones que la Auditoría ya
denunció penalmente ante la PGR, 16
mil 308 millones corresponden a recursos pertenecientes al denominado “gasto federalizado” entregado a Veracruz.
El gasto federalizado es dinero destinado
a los denominados Ramos 28 y 33, cuya finalidad es que se canalice a
programas sociales y obras que beneficien a la población.
Los otros cuatro mil 770 millones de pesos
son por un concepto que los auditores denominan como “simulación de reintegros”,
que consiste en que la autoridad señalada (en este caso el gobierno de
Veracruz) deposita recursos que los auditores le indicaron como faltantes en
las cuentas autorizadas, pero que luego vuelve a retirarlos.
El desvío de recursos que los auditores
han observado y denunciado se han presentado de forma generalizada en múltiples
programas: Van desde partidas destinadas para obras y programas sociales, hasta
recursos que debieron usarse en programas de salud o de seguridad pública.
Entre los programas afectados se encuentran, por ejemplo, el Seguro Popular y Prospera.
Fue el propio Javier Duarte, quien oficializó casi desde el arranque de su
gobierno el que pudieran tomarse recursos etiquetados del gobierno federal con
otros fines.
Animal Político informó que el 19 de
diciembre de 2011 el gobierno de Duarte
publicó el Decreto 289, a través del cual dio luz verde a la Secretaría de
Finanzas de su gobierno para echar mano de partidas estatales y federales y “priorizar” el gasto de acuerdo con las necesidades del estado.
Se prevé que en los próximos meses la ASF presente un nuevo paquete de
denuncias en contra de la administración de Duarte por el desvío de otros 35 mil millones de pesos detectados
hasta el ejercicio 2015, así como por nuevas irregularidades correspondientes a
2016.
Fuera
de la extradición de Duarte…
El próximo 15 de junio vence el plazo
legal que marca el tratado de extradición entre México y Guatemala para que se
presente la solicitud formal de extradición de Javier Duarte, detenido
a mediados de abril en ese país centroamericano. De acuerdo con autoridades con
conocimiento del caso, la solicitud se estará presentando días antes de
finalizar el plazo.
El tratado entre ambos países indica que
la solicitud de extradición procede en los casos en los que exista un
requerimiento judicial en forma girado por un juez, es decir, una orden de
aprehensión.
Hasta ahora hay cuatro órdenes de
aprehensión giradas en contra del ex gobernador: Dos de estas son del orden
federal y son por lavado de dinero, delincuencia organizada y delitos
electorales. Además hay dos órdenes obtenidas por la Fiscalía de Veracruz y
relacionadas con cinco delitos distintos, todos vinculados a posibles hechos de
corrupción.
Ninguno de los desvíos reportados y
denunciados por la ASF ha derivado
en una orden de aprehensión contra Javier Duarte porque tampoco han sido
consignados.
Pobres resultados, el común denominador…
La Unidad Especializada en Delitos
cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR es la responsable, entre otras
cosas, de investigar los posibles hechos de corrupción derivados de las
denuncias que presenta la Auditoría Superior de la Federación.
De acuerdo con datos de la ASF, hasta ahora, se han presentado más
de 750 denuncias penales ante esa Unidad por presuntos fraudes derivados de las
auditorías que se practican en los estados y en las dependencias federales. De
todas ellas, solamente 30 han sido consignadas.
Lo anterior significa que, en promedio,
apenas 4% de los fraudes que denuncia la ASF
terminan en una consignación ante un juez con el señalamiento de quienes son
los responsables.
El titular de la ASF, Juan Manuel Portal,
ha advertido en varias ocasiones que la PGR
no cuenta con el personal ni recursos suficientes para sacar adelante los
casos.
“Lo
que podemos ver es que, a la fecha hay un rezago importante, tanto para la
sanción de las penas administrativas, como las penales, las que tiene que
aplicar la Procuraduría General de la República”, dijo Portal el pasado 23
de mayo.
Cabe señalar que la Unidad será
reemplazada por la Fiscalía Anticorrupción, que forma parte del Sistema
Nacional Anticorrupción y que, en el papel, tendrá una mayor estructura y
facultades para atender todos estos casos.
Pero el funcionamiento de dicha fiscalía
está sujeto primero al nombramiento de un fiscal anticorrupción. Dicha
determinación está a cargo del Senado de la República el cual lleva tres años
sin concretarlo. (Proporcionado por:
Animal Político).
No hay comentarios:
Publicar un comentario