Chetumal,
Q. Roo.- Por
unanimidad de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, PRD, PVEM, Nueva
Alianza, Encuentro Social y de los diputados independientes, la XV
Legislatura aprobó la reforma constitucional en materia de combate a la
corrupción, mediante la cual se pondrá en marcha la implementación del Sistema
Estatal Anticorrupción, que deberá iniciar su operatividad el primero de enero
de 2018.
La minuta de reformas a la Constitución de
Quintana Roo, que será turnada a los ayuntamientos del estado para el trámite
legislativo correspondiente, es el resultado del consenso entre las fracciones
parlamentarias, así como del estudio y análisis realizado por las comisiones
legislativas, de las cuatro iniciativas presentadas por el PAN, PRI, PRD, Nueva
Alianza, los diputados independientes y el Ejecutivo estatal.
En tribuna, la diputada Mayuli Martínez
Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos, aseguró que con la aprobación de esta reforma, la XV
Legislatura le cumple a los ciudadanos que se pronunciaron en las urnas a favor
de ponerle un alto a la corrupción.
Martínez Simón aseguró la reforma
aprobada, es un punto de quiebre a partir del cual seremos capaces de decirle
adiós al círculo vicioso de la corrupción e impunidad, “a la dicotomía de la
complicidad y el amiguismo, y la subordinación de las instituciones a los
intereses privados”.
El diputado Emiliano Ramos Hernández, de
la fracción parlamentaria del PRD, dijo que con el dictamen aprobado, se está
culminando la primera etapa del sistema estatal anticorrupción, para lo cual se
tomó lo mejor de las iniciativas presentadas por las fracciones parlamentarias.
Ramos Hernández destacó también las
opiniones vertidas por la sociedad civil, por lo que la reforma constitucional
debe ser para los ciudadanos, un claro mensaje de que el Congreso está
generando un auténtico sistema de contrapesos.
El diputado Raymundo King de la Rosa,
coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, consideró que, si bien la
aprobación de la reforma en materia anticorrupción representa un importante
logro para el Congreso, el sistema no podrá ser implementado antes del año
2018.
King de la Rosa consideró que se pudo
iniciar la adecuación del marco normativo desde hace unos meses, para no
apresurar hoy los trámites legislativos y enfrentarse a cuestiones de
infraestructura, financiamiento e integración de su estructura administrativa,
que son los motivos por los cuales a nivel federal tampoco se ha podido
consolidar.
El diputado Carlos Mario Villanueva
Tenorio, de la fracción parlamentaria del partido Encuentro Social, consideró que
legislar en contra de la corrupción no es suficiente, pues lo que se requiere
es una nueva cultura anticorrupción, “para no tener que estar nombrando más
gente, más funcionarios y más recursos para acabar con esto”.
La diputada Silvia Vázquez Pech, de la
fracción parlamentaria de MORENA, aseguró que con la aprobación de la reforma
anticorrupción, los legisladores contribuyen al mejoramiento del Estado y al
bienestar de la sociedad, restableciendo la confianza de los quintanarroenses
en sus instituciones.
“Se puede revertir la corrupción, ese
cáncer que perjudica a nuestra nación, que nos ha mantenido como un país del
tercer mundo, que nos ha privado a la inmensa mayoría de una mejor calidad de
vida y aún peor que deja un legado desalentador para nuestros hijos y un mal
ejemplo a seguir”, agregó.
El diputado independiente Juan Ortiz
Vallejo se pronunció a favor de crear el sistema anticorrupción, pues se debe
castigar a quienes defraudaron a los campesinos quintanarroenses, falsificando
sus firmas y obteniendo recursos hasta por mil 800 millones de pesos.
Para lograr sus fines y objetivos, el
Sistema Estatal Anticorrupción, tendrá un Comité Coordinador, el cual será el
máximo órgano en materia de combate a la corrupción en Quintana Roo y estará
encabezado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, para
garantizar que sea la ciudadanía quien encabece el comité coordinador.
Los cambios a la Constitución el darán al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado más tiempo para hacer mejor su
trabajo, le darán también la oportunidad de auditar en tiempo real el ejercicio
de los recursos de los gobiernos estatales y municipales, y acabar así, con el
resquicio legal que les permite a los malos funcionarios maquillar cifras y tapar
el mal uso de los recursos públicos.
Con esta reforma se fortalecerá de manera
cualitativa al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, al proveerle nuevas
facultades que le permitan investigar y promover la imposición de sanciones a
los servidores públicos y en su caso a particulares.
Además, será la Legislatura quien elija al
fiscal anticorrupción, mientras que para la integración del Tribunal de
Justicia Administrativa, se abrirá la convocatoria a la ciudadanía para que los
interesados puedan inscribirse en el proceso de selección de los magistrados de
justicia administrativa.
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