La Cámara de Diputados aprobó en lo
general con 424 votos en favor, 39 en contra y 10 abstenciones el dictamen de reforma educativa que modifica los
artículos tres y 73 constitucionales, con el fin de incrementar los niveles de
calidad y equidad del sistema de enseñanza en el país.
Con ello se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual será
un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
que evaluará el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional a
niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior.
La conformación de la Junta de Gobierno
del Instituto será similar a la que se utiliza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar a sus
miembros, esto a partir de la presentación de una terna propuesta por el
Ejecutivo federal y ratificada por el Senado.
El dictamen establece que el ingreso al
servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de
supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se
llevarán a cabo mediante concursos de oposición.
La discusión del dictamen empezó el
miércoles poco después de las 17:00 horas, una vez que fueron desahogadas
propuestas, iniciativas y exhortos; el diputado perredista Julio Cesar Moreno Rivera, fundamentó el dictamen elaborado por la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Exhortó a los diputados a votar en favor
del dictamen de reforma educativa como una forma de contribuir a elevar el
nivel educativo y el desarrollo nacional. Mencionó que la propuesta establece
las medidas necesarias para consolidar una educación de calidad, así como la
productividad, competitividad económica y el desarrollo social y cultural, que
dependen del nivel educativo.
Ricardo Mejía Berdeja y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, presentaron una
moción suspensiva al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a fin
de regularizar el procedimiento para fundar y motivar de manera adecuada el
mismo. Opinaron que el procedimiento violentó el principio de legalidad o
primacía de la ley, pues éste determina que todo ejercicio del poder público
deberá ser sometido a la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las
personas; su propuesta fue rechazada.
Al fijar la postura priista, la diputada Alejandra del Moral Vela, dijo que en
este momento, siendo tan plurales y diversos como se es en orígenes y en
legítimos intereses, sí se puede coincidir en el propósito y en las formas de
mejorar la educación en México. “Juntos,
hoy, tenemos la gran oportunidad de mover a México, de sentar las bases para
mejorar su educación básica y media superior”, puntualizó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional
(PRI).
Consideró que las virtudes de la reforma
y adiciones constitucionales son substanciales y de profundo alcance, primero
porque privilegia el mérito y la capacidad de los docentes, al obligar que
todos los ingresos y promociones sean por concurso de oposición. Segundo,
expresó, porque el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será
un órgano autónomo con atribuciones para evaluar el desempeño y los resultados
del Sistema Educativo Nacional.
Mientras que el tercer punto establece el
Sistema de Información y Gestión Educativa que incluye el censo de maestros,
escuelas y alumnos a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Cuarto, indicó, porque dota de autonomía de gestión a los planteles; quinto,
impulsa escuelas de tiempo completo con jornadas de seis y ocho horas; y sexto,
porque prohíbe alimentos que perjudican la salud de los niños. Al hacer uso de
la tribuna, el panista Fernando
Rodríguez Doval, aseguró que la reforma educativa tiene implicaciones
fundamentales para el buen desarrollo del país. “Nunca más volvamos a tener enfrente de un salón de clases a un
profesor que no esté preparado para esa misión”.
Que nunca más volvamos a tener una sola
plaza de maestro que se compre o se herede. Que nunca más nuestra educación sea
secuestrada por los intereses perversos de grupos, sindicatos o facciones
políticas”, aseveró.
Consideró que esta reforma modifica la
naturaleza jurídica del citado instituto, que a partir de ahora será un órgano
constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y
cuya función será evaluar calidad, desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional.
Así, abundó, se introduce otro elemento
cultural: la evaluación que de forma indiscutible va vinculada a la mejora constante
y a la rendición de cuentas. Luego, Jorge
Federico de la Vega Membrillo, presidente de la Comisión de Educación, dijo que la reforma “pretende mejorar la calidad de la educación y retomar la rectoría
en la materia por parte del Estado, al establecer nuevos requisitos para la
evaluación del magisterio”.
De la Vega Membrillo, destacó las modificaciones que sufrió
la iniciativa del Ejecutivo federal y dijo que garantiza la autonomía del
instituto que realizará la evaluación del magisterio.
Ruth
Zavaleta Salgado, representante del Partido Verde, aseguró que la reforma
educativa es revolucionaria porque mejora la enseñanza que generará ciudadanos
libres que no se dejen llevar por discursos manipuladores.
“Solamente una educación de calidad nos permitirá ser
libres de pensamiento y ejercer nuestros derechos plenos como ciudadanos, por
eso no hay nada más radical y revolucionario que lo que estamos haciendo hoy
los legisladores”, dijo.
En representación de la bancada
parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo
Monrreal Ávila, señaló que la
reforma intenta poner orden al sector educativo, pero la consideró incompleta y
tímida porque no toca a la cúpula sindical del sector. El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, afirmó que la reforma responderá a
los intereses y necesidades del sector, siempre y cuando el modelo de
evaluación por exámenes de oposición se aplique conforme lo señala la ley, sin
dar “favoritismos políticos”.
El petista se manifestó a favor de la
asignación presupuestal al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que realice un censo de las
escuelas, lo que a su vez redundará en mejores controles.
Por Nueva
Alianza, Dora María Talamante Lemas, celebró las modificaciones
constitucionales y dijo que abre la posibilidad de mejorar la calidad de la
educación, establecen esquemas para la transparencia, rendición de cuentas e
integra aspectos positivos para la transformación del sistema educativo.
Rechazó que la reforma sea producto de “ocurrencias sexenales” y señaló que por
el contrario respaldan la puesta en marcha de escuelas de tiempo completo y la
participación de maestros, alumnos y padres de familia y la autonomía en
infraestructura.
En la discusión del dictamen, el
perredista Luis Espinosa Cházaro,
señaló que esta reforma a los artículos tres y 73 constitucional pudiera ser
considerada por algunos limitada en sus propósitos.
“Pero
el paso que hoy damos al aprobarse abre la puerta de manera tajante a una serie
de reformas que deberemos empujar en esta misma LXII Legislatura, fundamentalmente dos: la Ley General de Educación
y el Presupuesto de Egresos 2013”.
Puntualizó que no es menor la integración
de un “servicio profesional docente” que mandate a mejorar las prácticas
de formación, promoción, permanencia de los maestros y maestras de México. Al
hablar contra el dictamen, el diputado Gerardo
Villanueva Albarrán externo que
se propone elevar a rango constitucional una costosa burocracia de más de
millones de pesos al año. También, abundó, “deberíamos
estar tocando el tema sindical, pues gracias a arreglos políticos de hace años
se le ha venido entregando la conducción del proceso educativo a un conjunto de
líderes sindicales, desvaneciendo con ello a la autoridad educativa”.
En realidad, según él, es una cortina de
humo, que no deja ver el trasfondo que implica que una sola persona siga
teniendo el control de los 170 millones de pesos mensuales que representan los
1.7 millones de agremiados.
Durante la votación de la reforma, el
diputado Manuel Huerta, del Partido del Trabajo (PT), subió hasta la presidencia de la Mesa Directiva para increpar
al diputado presidente, Francisco Arroyo
Vieira, lo cual provocó que legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) subieran a la tribuna para apoyar
al petista.
Gerardo
Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, cuestionó al priista por qué
no le había dado la palabra a uno de sus compañeros de bancada. Esta situación
provocó que legisladores del PRI, PAN y PRD también subieran a la tribuna para respaldar a Arroyo Vieyra.
Mientras se registraba este
enfrentamiento verbal entre legisladores, el reloj legislativo continuaba su
marcha y los votos a favor de la reforma educativa se incrementaban. En tanto,
diputadas del PRI se alistaban para
subir a la tribuna y apoyar a su compañero, sin embargo los ánimos se calmaron
y la sesión en el Salón se Sesiones se reanudó con la discusión en lo
particular de varias reservas. En tanto, y ya por separado, la legisladora Dora María Talamantes, de Nueva Alianza, indicó que las reservas
hechas en la discusión de la reforma educativa sólo buscan enriquecer el
dictamen de la misma.
La integrante de la Comisión de Educación
precisó que los puntos que su bancada propondría enriquecer son los referentes
a la evaluación de los docentes, y el respeto de los derechos de los
trabajadores de la educación como lo marca la Constitución. Abundó que apoyan
la autonomía del organismo y subrayó que la evaluación “debe buscar si a los maestros les falta prepararse, en qué ámbito
pueden caminar, qué es lo que les falta a los alumnos y qué le falta a las
instituciones también”.
Talamantes
explicó que también apoyarían la propuesta sobre la elección de los integrantes
de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación para la Educción (INEE), que es uno de los temas que contienen
los artículos reservados. Aseguró que su partido no ha negociado nada sobre la
permanencia de los profesores, “es
una mala interpretación de que la permanencia puede estar limitada a un examen
o a un proceso de evaluación. Para nada, hay leyes laborales que marcan que
tiene un respaldo para los trabajadores de la educación como para cualquier
otro trabajador”.
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