Chetumal, Q. Roo.- El Pleno de la XV Legislatura aprobó
una serie de reformas con las cuales incentiva la participación ciudadana,
elimina candados, protege la paridad de género, obliga a transparentar las sesiones
del Instituto y el Tribunal Electoral y reduce el financiamiento político a los
partidos, entre otros cambios.
Durante la sesión de este miércoles los
legisladores avalaron reformas para modificar la Constitución de Quintana Roo
en materia electoral con las que se busca reconocer derechos ciudadanos y les
otorga herramientas que los empoderan.
Es así que se avalaron figuras como el
plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la iniciativa ciudadana;
además, se reduce hasta en un 35 por ciento el financiamiento a partidos
políticos y se establece un nuevo sistema de integración de las diputaciones
plurinominales.
En la sesión ordinaria número 4, presidida
por el diputado Eduardo Martínez Arcila, las diputadas y diputados del Congreso
del Estado aprobaron por unanimidad en lo general, el dictamen con minuta
proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, en materia electoral.
El dictamen es producto de un ejercicio
único de voluntad política y ciudadana, en el que los grupos parlamentarios,
representantes de partidos políticos que no cuentan con representación en el
Congreso, órganos electorales y los ciudadanos, tuvieron la oportunidad de
expresar y participar en la definición de la reforma electoral en Quintana Roo.
La diputada Mayuli Martínez Simón,
presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos, aseguró que la reforma aprobada fortalece la participación ciudadana
al establecer en el texto constitucional como mecanismos de participación
ciudadana el plebiscito, referéndum, la consulta popular y la iniciativa
ciudadana, la cual podrá ser presentada por uno o varios ciudadanos, eliminando
el porcentaje del 2.5 por ciento del padrón electoral (equivalente a unas 29
mil firmas de respaldo), que imposibilitaba el acceso efectivo de la ciudadanía
a presentar una iniciativa de ley o decreto.
En la reforma se estableció el principio
de paridad de género desde las dimensiones vertical y horizontal, así como la
garantía de no violencia política por razones de género, en la postulación
tanto de candidatos a diputaciones locales como de miembros de los
ayuntamientos.
También se avaló un nuevo sistema para la
integración de los diputados plurinominales, donde ahora no sólo se verá
reflejada la postulación que realiza un partido político a través de las
listas, sino también se permitirá que candidatos por el principio de mayoría relativa
que hayan participado y que no obtuvieron el triunfo, puedan acceder a una
diputación plurinominal de acuerdo a la votación que hayan obtenido.
DISMINUYEN RECURSOS A PARTIDOS
En cuanto al financiamiento de los
partidos políticos, se aprobaron modificaciones para reducirlo hasta en un 35
por ciento, con una fórmula que permite el sostenimiento de las actividades que
desarrollan los partidos para la obtención del voto y que a su vez incentiva a
los partidos políticos a continuar promoviendo el derecho de la ciudadanía al
ejercicio libre de sus representantes en el estado.
Se plasmó en el texto que “el monto total
se determinará multiplicando el 65 por ciento del valor diario UMA por el 65
por ciento del listado nominal de la entidad (como mínimo) con corte al mes de
octubre del año anterior, o por la votación válida emitida en la elección de
diputados inmediata anterior, en caso de que ésta resulte mayor”.
El diputado Emiliano Ramos Hernández, de
la fracción parlamentaria del PRD, aseguró que con esta reducción al
financiamiento de los partidos políticos ganan los quintanarroenses, al atender
puntualmente una de las demandas de la ciudadanía que exigía una reducción al
presupuesto de los partidos políticos, para lo cual se tomaron en cuenta tres
iniciativas de partidos políticos y la presentada por la sociedad civil “Sin
voto no hay dinero”.
El diputado José de la Peña Ruiz de
Chávez, de la fracción parlamentaria del PVEM, dijo que uno de los temas
torales de la reforma constitucional en materia electoral, fue la discusión de
la iniciativa “Sin voto no hay dinero”, en donde después de revisar las
propuestas que se habían planteado en la mesa finalmente se logró reducir en
cerca de 18 millones el presupuesto que actualmente se le da a los partidos
políticos para promover sus acciones y los diferentes gastos que tienen.
CANDIDATURAS COMUNES A ANÁLISIS
A
propuesta de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, los artículos
relacionados con las candidaturas comunes fueron reservados y se remitieron
nuevamente a las comisiones para su análisis.
El diputado Alberto Vado Morales, de la
fracción parlamentaria del PRI, aseguró que las candidaturas comunes
representan un auténtico fraude a la ley, ya que tienen como único objeto
beneficiar a los partidos que no cuentan con un verdadero apoyo ciudadano y con
un respaldo en las urnas por parte de los ciudadanos.
Entre las modificaciones constitucionales, que
deberán ser avaladas por los ayuntamientos de Quintana Roo, destaca: el derecho
de los candidatos independientes a acceder a los cabildos por vía de la
representación proporcional, garantizar la inclusión de los jóvenes en las
planillas a regidores, la facultad para que el gobernador pueda presentar hasta
dos iniciativas preferentes por periodo, y la homologación total de las
elecciones locales con las federales (efectiva al 2022), que permitirá reducir
significativamente los costos de las elecciones, pues en la entidad habrá
elecciones cada tres años.
De esta manera el mandatario estatal que
se elija en 2022, ocupará el cargo por 5 años a fin de concluir en 2027. Los
diputados electos en 2019 y 2022 serán legisladores por tres años. Los electos
en 2025 durarán en su cargo dos años, para que en 2027 se elijan de manera
simultánea al nuevo gobernador y a los diputados locales.
También se estableció el requisito de 10
años de residencia en el estado como mínimo para ser candidato a gobernador de
la entidad.
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