Por Isaí Lara Bermúdez
Ciudad de Mèxico.- El Quinto Informe de Gobierno del
Presidente de la República Enrique Peña
Nieto, se dio en un contexto de violencia inédito en el país, con un número
de ejecuciones que supera ya a las que acumulù en cinco años de su sexenio su
antecesor, el panista Felipe Calderón
Hinojosa, quien declaró la guerra contra el narcotráfico.
Este quinto año de la administración del
priista Enrique Peña Nieto terminará
como uno de los más violentos e inseguros de la historia contemporánea de
México, ya que a partir de la extradición de “El Chapo” Guzmán, la
atomización del Cártel de Sinaloa y la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación la
actividad criminal se ha extendido en toda la República Mexicana.
El semanario ZETA, el único medio de
información en México que mantiene una contabilidad verificada sobre los
asesinatos en el país, reporta que, del 1 de diciembre de 2012 (cuando Peña Nieto tomó posesión de la
Presidencia) al 31 de julio de 2017, se cometieron 104 mil 602 homicidios dolosos.
Uno de cada cuatro homicidios en México
registrados en los últimos 27 años, se han cometido en la administración del
Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto. Sus números sangrientos, superan incluso a los de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró
la “guerra” contra el narcotráfico, despertando a miles de sicarios a las
órdenes de los grupos criminales en el país.
Miles de familias desgarradas por el
homicidio, huérfanos, esposas o madres, rostros y nombres borrados de los
grandes números totales: 104 mil 602 homicidios dolosos registrados desde que
el priista tomó protesta como Presidente de la República en diciembre de 2012 y
hasta el 31 de julio del presente año.
Esta es la cifra más actual y más cercana
en el abismo del narcotráfico y la violencia, en el de las desapariciones
forzadas, en el de las narcofosas o la desintegración de cuerpos, en el mundo
de pueblos alejados de todo, que no cuentan con registros de sus muertos.
Los
asesinatos durante la era peñista representan el 25 por ciento del total de los
homicidios con registro desde 1990 a 2016, según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
La violencia reflejada en la privación de
la vida explotó con Felipe Calderón.
Sumando el número de asesinatos durante el Gobierno panista (2006-2012) a los
de la administración actual, representan el 49 por ciento de las 427 mil 698
víctimas de homicidio en los últimos 27 años, según las cifras obtenidas por el
mismo INEGI. Uno de cada dos
asesinatos ocurrió bajo el mandato de Calderón
y Peña.
Si la tendencia en ejecuciones continúa
tal como ha sucedido en los primeros siete meses de 2017, romperá record en
sangre derramada. Del primero de enero al 31 de julio, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alimentado por las
fiscalías y las procuradurías de Justicia de los estados de la República, tiene
registradas 16 mil 152 muertes violentas.
El número por sí mismo escalofriante cobra
mayor nervio cuando se compara con el primer año en que Calderón abrió fuego
contra los cárteles de las drogas. Es decir, los más de 16 mil homicidios en
los primeros siete meses de 2017 son prácticamente el doble de los que el
gobierno documentó en 2007 (8 mil 867).
Cada mes, en 2017, se han registrado entre
2 mil 100 muertes violentas (homicidios dolosos) y 2 mil 461. Algo así como 2
mil 300 ejecuciones en promedio mensual, 78 cada día, tres muertes por hora. Si
ese promedio se sostiene, este año terminaría con una cifra récord: 27 mil 690
víctimas.
Las cifras de ejecutados en el gobierno
Enrique Peña Nieto se distribuyen así:
EDOMEX,
REY DE LA MUERTE
En lo que va del año, en Sinaloa,
Chihuahua, un poco Guanajuato y sobre todo Baja California, se ha recrudecido
la violencia, entidades que representan puntos estratégicos para el tráfico,
producción y distribución de droga en el país.
Al
cierre de 2016, los estados con mayor número de muertes violentas fueron: Estado de México, 2 mil 256; Guerrero, 2
mil 213; Veracruz, mil 522; Michoacán,
mil 477; Jalisco, mil 470; Baja California, mil 258; Sinaloa, mil 161;
Guanajuato, mil 110; Ciudad de México, mil 035; Oaxaca, mil 013.
En comparación a 2017, dichas entidades
federativas han desplazado a otras sumamente conocidas por el nivel de
presencia de grupos criminales y violencia. Por ejemplo, Guerrero superó al
Estado de México, este último con más de 17 millones de habitantes.
Sólo por debajo de Guerrero y Estado de
México se encuentra Baja California, donde prácticamente el 80 por ciento de
los homicidios ocurren en Tijuana. Lo más grave es que en el top 3, el Estado
de México es seis veces más grande poblacionalmente que Guerrero y Baja
California, condensando un número mayor de asesinatos por cada 100 mil
habitantes.
De enero a julio del2017, según el Informe
de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión publicado por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, algunos estados han ganado
terreno en la escala de muerte.
Con los datos actualizados hasta el 20 de
agosto, así el reacomodo en el transcurso de 2017:
CÁRTEL
DE SINALOA VS CJNG
Para el doctor David Shirk, investigador de la Universidad de San Diego en Estados
Unidos, la ola de violencia que registra México tiene que ver con una
diversidad de factores como la pobreza y la falta de oportunidades sociales.
Sin embargo, aclara, no es lo definitivo,
pues los cuadrantes de pobreza más severa en el país no coinciden con los
lugares de mayor violencia. Por ello asegura que se trata por un lado del
reacomodo criminal que ha dejado la captura del ex líder del Cártel de Sinaloa,
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y la
atomización del mismo grupo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al mismo tiempo, el crecimiento
exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son los motivos de las muertes que se han incrementado y diversificado
a lo largo del país. “Tiene que ver
con el reajuste del mundo criminal en el acaecer del reino del Cártel de
Sinaloa”, describe.
En entrevista con ZETA, el también maestro
en Relaciones Internacionales admite que “el
crecimiento de CJNG efectivamente se
consolidó durante los primeros años de Peña
Nieto al lograr la eliminación más grande en cuanto a sus rivales como Los Zetas, Los (Caballeros) Templarios, es en esa época cuando hay un avance muy
importante de Sinaloa”.
“La
primera captura que realizó el Gobierno de Peña a “El Chapo” no mermó su capacidad de operatividad, pues pudo
escapar, estaba en una situación de poder a pesar de estar encarcelado, eso
quiere decir que la época de mayor poder de Sinaloa fue en 2012 y 2013. Quitar
del juego a “El Chapo” -prosigue el
profesor en Ciencias Políticas– es cuando empiezan la inestabilidad, el
incremento de la violencia, fue a finales de 2015, particularmente después de
moverlo a Chihuahua, la violencia siguió creciendo después de su extradición a
Estados Unidos”, dice Shirk.
Shirk
es director del programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego y
cree que la violencia cesará cuando un cártel logre apoderarse en los
territorios en disputa o que se logren alianzas para el cese al fuego, pues de
eliminar la pobreza o el desempleo, la educación no se podrá llevar a cabo a lo
largo de dos años, pero en ese periodo, sí se puede modificar radicalmente la
dinámica entre los grupos de delincuencia organizada.
“Las
olas de violencia han crecido y disminuido mucho más rápido que los cambios de
política o administración pública, lo que quiere decir que a pesar de que a los
políticos y policías les gusta adjudicarse los méritos por los cambios de
disminución de violencia, como en 2012 y 2014, hay otros factores en los
propios grupos criminales”, detalla.
Uno de los problemas más grandes es la
impunidad, ya que “la autoridad no tiene tiempo ni capacidad para investigar y
castigar los homicidios. Esto es muy problemático, pues si yo mato a alguien y
nadie me castiga, lo haré otra vez”.
Es por eso que el margen para disminuir la
violencia por parte del Estado es fortalecer las investigaciones y castigar a
los homicidas.
Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco
Nueva Generación, el de mayor expansión en México en los años recientes, y
Abigael González lidera otro grupo criminal: el de Los Cuinis. Foto:
Departamento del Tesoro de EU
Para Santiago Roel, director de Semáforo
Delictivo, el proyecto ciudadano quizá más ambicioso del país en cuanto a la
revisión de cifras sobre inseguridad, “el gobierno ha estado atacando los
síntomas sin atacar las causas, que es el mercado negro de las drogas”.
El fundador de Semáforo Delictivo define
que las muertes violentas no responden tanto “al mercado de exportación de las
drogas” sino al narcomenudeo, pues “el mercado de exportación a veces es
violento, pero tiende a resolverse porque es más inteligente y corruptor, la
violencia es un costo”.
En contraparte, explica, la venta de
drogas al menudeo “tiene que proteger toda una plaza, toda una ciudad o todo un
Estado, todo un territorio, generalmente son jóvenes en riesgo reclutados, el
ladronzuelo de la colonia en un inicio, no es una organización muy sofisticada,
entonces tiene que defender sus territorios con mucha violencia, tienen menos
fondos, tienen armas y van colapsando a la autoridad. Ésta es la primera causa
de violencia en México.
“Es una competencia de mafias por el
territorio. Cuando tienes una sola mafia que controla un mercado de droga, la
región suele estar tranquila. Cuando tienes competencia, se provoca mucha
violencia. El problema es que el propio Gobierno mexicano ha estado creando
esta violencia al atomizar los cárteles, crea más competencia y guerra entre
ellos”, remata.
Además, no se puede definir a los grupos
criminales sin la complicidad de los gobiernos en turno: “Hay una recomposición
en gobierno y obviamente, hay una recomposición en los grupos delictivos, sus
alianzas, sus contactos dentro del gobierno. La turbulencia electoral crea
turbulencia en el crimen organizado también”.
Para resolverlo, Roel sugiere: “Es muy
sencillo y es regulación de drogas. Arrebatarle el negocio, arrebatarle el
mercado a las mafias, les quitas el poder económico, bélico y social con el
cual reclutan a jóvenes, familias, autoridades, policías. La regulación no
implica promover drogas. Promover drogas es lo que ha estado sucediendo en la
actualidad, las mafias promueven drogas peligrosas con toda libertad en todo el
país”.
“Todos los intentos institucionales que se
puedan o quieran hacer con respecto a reducir violencia o corrupción, no van a
funcionar si primero no le quitas el dinero a estas mafias”, agrega.
Roel sabe que ni un solo partido político
ha subido a su agenda el tema. Y menos ahora que el proceso electoral 2018 está
en puerta: “Primero la presión de la DEA, CIA y otras agencias de Estados
Unidos en México, a quienes no les interesa que México regule porque si lo
hace, ahí se les acaba la piñata, les encanta golpear ante su fracaso en su
política de drogas”.
La otra razón es que “hay políticos
involucrados en el narco. Ningún narcopolítico va a estar de acuerdo en la
regulación de las drogas, se estarían dando un balazo en el pie”. Y por último,
“la falta de entendimiento por parte de la sociedad que sigue confundiendo
regulación con promoción de drogas y es justo lo contrario. Actualmente es así,
consigues droga donde sea”.
Jimena David es investigadora del Centro
de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, basó una de sus más recientes
investigaciones en torno a cómo se maquillan las cifras de homicidios dolosos
al reclasificarlos como homicidios culposos.
“Idealmente estas dos categorías no
deberían tener ninguna relación porque uno se refiere a hechos accidentales
(culposos) y otro a hechos intencionales (dolosos), por lo que se tendrían que
mover de manera completamente distinta”, asegura en entrevista con ZETA.
Sin embargo, cuando Jimena y dos de sus
compañeros investigadores del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa
estudiaron el comportamiento de las incidencias de estos dos delitos,
“encontramos relaciones muy significativas y raras que no deberían existir. No
podemos saber con seguridad si están manipulando la cifra, pero los datos se
comportan de una manera atípica, así que probablemente haya un problema”,
anota.
La investigadora señala que estas
reclasificaciones se pueden realizar en las correcciones que cada Procuraduría
envía al Secretariado.
“A veces se pueden restar o sumar
homicidios posteriormente cuando, por ejemplo, se dieron veinte homicidios
dolosos y se le restan dos, uno por causas naturales y otro accidental. Hay
varios momentos en que puede ocurrir esto, ya sea por decisión o por errores”.
Respecto a la confiabilidad de estas bases
de datos, David considera: “Tanto las estrategias estatales como la nacional,
se construyen con información defectuosa”.
Según lo que la investigadora ha
recolectado en sus investigaciones, “algunos ministerios públicos están
capturando datos a mano en papeles o no tienen servicio de electricidad, esto
frena las capacidades de las autoridades para recabar correctamente los datos y
hacer el mejor uso.
Una de las formas que propone para mejorar
las bases de datos respecto a los homicidios en el país, es que los ministerios
públicos formen una imagen más completa de las modalidades de este delito, más
allá de los datos que tradicionalmente se clasifican como tipo de homicidio, de
arma y ubicación, así como la de un organismo de vigilancia.
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